El martes pasado, el presidente Uribe lanzó la propuesta de crear una red de estudiantes informantes en Medellín, quienes recibirían una bonificación mensual de 100 mil pesos. Mencionó un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía, y habló de 1000 millones de pesos listos para empezar a vincularlos. De inmediato, el general José Alberto Mejía, de la cuarta brigada, salió a celebrar la medida. Se trataría, según añadió, de conseguir colegiales de las comunas más golpeadas, o sea muchachos pobres, para que ayudaran a las autoridades con información.
Las reacciones no se hicieron esperar. Senadores, concejales y candidatos presidenciales tildaron la medida como desesperada, y coincidieron en que la atroz violencia de la ciudad no se arreglaría con unos bachilleres acusetas.
Con la alarma sembrada, el gobierno se moderó y al otro día el ministro de defensa, Gabriel Silva, salió al paso y dijo que se había malentendido la medida, aunque él mismo no se esforzó por explicarla mejor. Según él, se trató más de una inofensiva invitación hecha por el presidente a los jóvenes, para colaborar.
El mismo día el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, también reculó. Admitió haber reconsiderado, y dijo que mejor no le jalaba al cuento, aunque sin especificar si el famoso convenio y los mil millones en verdad existían. Entonces el gobernador, Luis Alfredo Ramos, también hizo su aparición, y manifestó que él, en cambio, sí se le medía a lo de los informantes estudiantes, sin ningún reparo; aclarando que la idea es que fueran mayores de edad. Lo que llevaría a pensar que la red operaría entonces en las universidades, donde Uribe, como ha dicho muchas veces, no concibe que no pueda entrar el ejército, ni tolera que a los pobrecitos soldados les llamen “la bota militar”.
El resultado de tantas aclaraciones y cambios a la noticia inicial, es que en este momento no se sepa a ciencia cierta de qué se va a tratar eso de los estudiantes informantes. Nada se sabe con precisión, en parte porque sus gestores se han encargado de mostrarlo confuso. Lo cierto es que para una medida tan delicada, que raya peligrosamente con la intromisión de los civiles en el conflicto, lo primero sería pedir cuentas claras sobre qué es exactamente lo que se pretende. Pero como siempre, este gobierno se caracteriza por no aclarar ni preguntar a la hora de proceder con sus cosas. Ya nos daremos cuenta cuando el golpe avise.
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